¡Queremos ir al Colegio! Y Melilla no nos deja.

El gobierno de Melilla oculta información a los juzgados y a la Fiscalía en los casos de maltrato a menores extranjeros.

Las consecuencias políticas deberían de ser el cese inmediato de la Consejera de Bienestar Social y el Presidente de la Ciudad Autónoma, tutores de estos niños a los que se suelen referir como:

"Inmigrantes, marroquíes, niños".

Prodein estudia además llevar el caso a los juzgados.

COMUNICADO DE PRODEIN:

Desde el año 2007 y hasta finales del 2008, la Consejería de Bienestar Social difundió con profusión en los medios de comunicación locales la consigna de la avalancha, del desbordamiento, de la saturación de los menores acogidos en los centros de la ciudad. Estos centros acogían a unos 200 menores, en su mayoría marroquíes, número nada exagerado dada la situación geográfica de Melilla y su frontera terrestre con Marruecos. El hecho de que los centros estuvieran a plena capacidad solo evidenciaba la falta de recursos, estructural, para cubrir las necesidades que se suelen plantear de forma ocasional en la ciudad.

Durante el periodo de tiempo citado el maltrato, endémico, que sufrían los menores en el centro de acogida de La Purísima aumentó de forma exponencial, especialmente con los menores que ingresaban por primera vez. Ello provocó, no solo que decenas de niños huyeran del centro los días siguientes a su ingreso, sino que muchos de los que llevaban años acogidos escaparon en los barcos que zarpan a la península esperando poder renovar su documentación al cumplir la mayoría de edad.

El número de menores acogidos en Melilla disminuyó drásticamente por estos motivos.

Naturalmente la Asociación intervino para erradicar el maltrato generalizado y garantizar a los acogidos la seguridad necesaria. La que la Consejería de Bienestar Social estaba obligada de garantizar.

Se tomaron todo tipo de medidas: denuncias en los juzgados caso a caso, informes a organizaciones e instituciones de Derechos Humanos, presión mediática….

Como respuesta, lo que los políticos llaman “La Ciudad de Melilla” ,es decir: “Ellos” anunciaron a bombo y platillo una querella contra PRODEIN, José Palazón y Linda Ebbers….por perjudicar la imagen de Melilla. La campaña de acoso y desprestigio estaba servida otra vez (y además con dinero público).

La enérgica actuación de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo normalizó la situación en el 2009.

La presente comunicación del Defensor del Pueblo Español, resultado de una exhaustiva y objetiva investigación, pone a las personas y las cosas en su sitio.

Prodein (Asociación pro Derechos de la Infancia)

ENLACES:

Repor Melilla Rap (parte 2 -TVE)

Diario SUR:

El Gobierno se querellará contra Prodein y TVE por el documental sobre Melilla

DOCUMENTAL 1:

Esperanza (Un documental de Rosa Mareike Wiemann)

DOCUMENTAL 2:

20 DE NOVIEMBRE: Melilla otro año sin Derechos

LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL DE MELILLA SE INSTALA ABIERTAMENTE EN EL AMBITO DE LA PREVARICACION.

A principios de este año el Defensor del Pueblo Español hubo de intervenir enérgicamente frente a la Consejería de Bienestar Social ante lo que consideraba: - Acciones claramente contrarias a la legislación vigente - ... ilegales... etc. En el texto de la Recomendación que efectuaba y en el Recordatorio del Deber que tiene la Consejería de cumplir la Ley era evidente la indignación natural que provoca el hecho de que sean precisamente las instituciones que ejercen la tutela de menores las causantes del principal motivo de maltrato en Melilla.

Desde la Consejería de Bienestar Social se respondió airadamente que la propia Consejera acudiría a Madrid para explicar lo que no tiene explicación.

Finalmente la Consejera no marchó a Madrid, pero si envió por escrito una serie de justificaciones a su política de maltrato que solo pone en evidencia su clara enemistad con los menores extranjeros que tutela.

Por otro lado, la Delegación del Gobierno en Melilla, pensamos que en coordinación con la Consejera de Bienestar Social, viene poniendo todos los impedimentos posibles para la integración de los menores al alcanzar la mayoría de edad. Venimos denunciando resoluciones que creemos injustas y carentes de fundamento legal desde el año 2007. Decenas de jóvenes han sido, y están siendo, víctimas de estas resoluciones arbitrarias.

La Delegación del Gobierno en Melilla ha recibido igualmente varios recordatorios de deberes legales a los que no solamente ha hecho oidos sordos durante mucho tiempo, sino que ha llegado al punto de pedir Visado a los menores al cumplir la mayoría de edad.

El Defensor del Pueblo Español en una nueva recomendación y recordatorio de deberes legales vuelve a intervenir ante la Consejería de Bienestar Social y la Delegación del Gobierno en Melilla para que cesen en sus acciones ilegales y repongan a los afectados en los derechos de los que han sido privados por unas administraciones que ejercen su poder de forma despótica y contradiciendo el ordenamiento jurídico vigente.

Versión en inglés:

OPEN BREACHES OF THE LAW BY THE CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL (Social Welfare Office) IN MELILLA

Early this year, the Spanish Public Defender’s Office (Defensor del Pueblo Español) had to intervene firmly against the Social Welfare Office (Consejería de Bienestra Social) for what it considered “actions clearly contrary to the legislation in force”. In the text of the Recommendation issued, and in a written Reminder of Obligations that the Consejería has to follow the Law, it made clear that public indignation was natural and justified considering the fact that precisely those institutions entrusted with the care and custody of minors were also the primary cause of the much of the ill-treatment of minors in Melilla.

The Director of the Social Welfare Office responded angrily that it would go directly to Madrid to explain the matter which it claimed needed no explanation.

Eventually the Director of the Social Welfare Office didn’t go to Madrid, but it sent a written statement containing a list of justifications for its policy of mistreatment, which only provided further evidence of its clear enmity towards those foreign minors under its care.

At the same time, the Delegation of the Government in Melilla, we believe in coordination with the Director of the Social Welfare Office, continue to place as many obstacles as possible in the path of those minors who reach the age of majority and are seeking integration. We have denounced these decisions which we believe to be unfair and lacking any legal basis since 2007. Tens of young people have been, and continue to be, victims of these arbitrary decisions.

The Delegation of the Government in Melilla has also received reminders of its legal obligations. Not only have these reminders fallen on deaf ears much of the time, but the authorities are now asking the minors who arrived undocumented or unaccompanied to produce a Visa upon reaching the age of majority.

The Spanish Public Defender, in a new recommendation and reminder of legal obligations, has intervened once again urging the Social Welfare Office and the Delegation of the Government in Melilla to cease their illegal actions immediately and to reinstate to minors affected by this policy the rights of which they have been deprived by authorities that exercise their power in a despotic manner and in contradiction of the established law of the land.