El senador de EUiA, Joan Josep Nuet, adscrito al Grupo parlamentario de la Entesa ha realizado diversas gestiones para que el Gobierno de España frene la expulsión de 47 ciudadanos bengalies residentes en este momento en el Centro de Internamiento de Inmigrantes de Barcelona.
El senador ha contactado con los Ministerios de Interior y de Trabajo e Inmigración, al mismo tiempo que ha presentado una pregunta con respuesta escrita al Gobierno en el Senado
Nuet ha declarado que "las personas no pueden pagar las situaciones de limbo jurídico y hay que resolver en función del enraizamiento demostrado para que puedan seguir viviendo y trabajando con normalidad en nuestra sociedad"
Texto de la pregunta:
D. JOAN JOSEP NUET I PUJALS Senador designado por el Parlamento de Cataluña, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
El pasado martes 7 de septiembre, la policía nacional realizó una redada en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla y detuvo a 47 personas que allí residían. Estas personas fueron trasladas posteriormente al Centro de Internamiento de Inmigrantes (CÍE) de Barcelona donde están retenidos actualmente Estas 47 personas llegaron 3 España acuciadas por la grave situación humanitaria que se vivía en Bangladesh debida a repetidas catástrofes naturales. Una situación humanitaria que aún persiste Estos ciudadanos llevaban residiendo en el CETI de Melilla más de 4 años, lo que supera ampliamente el plazo requerido para la tramitación y obtención de ¡a autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo reguladas en la Ley de Extranjería vigente. La estancia de casi cinco años está probada por sus respectivos documentos de entrada en el CETI; sin que exista ninguna normativa que ampare esta situación habiéndose convertido el CETI de Melilla en una zona de limbo jurídico.
Durante su larga estancia en Melilla, estas personas han aprendido castellano, idioma que hablan y escriben correctamente. Han seguido numerosos cursos de formación en diferentes materias impartidos en si CETI, han colaborado en la mejora y remodelación del mismo. Han sobrevivido ganándose honradamente la vida ya sea limpiando autos, transportando mercancías o incluso realizando trabajos coyunturales por los que han incluso cotizado en la Seguridad Social. En definitiva, han mostrado repetidas veces su voluntad de residir y trabajar honradamente en España.
Todas estas personas cuentan con ofertas de trabajo a su nombre, y con todos los requisitos legales exigidos al Empleador, que han sido presentadas junto con las solicitudes que han iniciado. Este colectivo de inmigrantes ya ha intentado con anterioridad tramitar su solicitud de arraigo en ¡a Delegación de Gobierno de Melilla. Estas solicitudes han sido admitidas a trámite y actualmente se encuentran pendientes del correspondiente recurso contencioso administrativo. Esta actitud de la Oficina de Extranjeros de Melilla ha impedido la regularización de estas personas obligándoles a permanecer en la irregularidad.
El comportamiento de estas personas es de sobra conocido como ejemplar según palabras de las autoridades melillenses. Gozan de gran estima, como lo acredita la obtención de más de 15.000 firmas en apoyo de su demanda de residencia. Petición que ha contado también con el apoyo del presidente de la Ciudad Autónoma y diversas fuerzas políticas, sindicales y sociales.
Desde hace varios años, por parte de las diferentes Oficinas de Extranjeros de la Península, se han emitido instrucciones de revocación de las órdenes de expulsión para todos aquellos ciudadanos extranjeros que acreditasen una situación de arraigo, permitiéndoles con ello regularizar su situación. Incluso por parte de la Dirección General de Emigración, se emitió una instrucción por la que se disponía la revocación o archivo de oficio de procedimientos de expulsión o devolución para aquellas personas que acreditasen arraigo en nuestro país. Por tanto, la situación en que se encuentran estas personas supone una clara discriminación en relación con el resto de personas extranjeras que se encuentran en la península e incluso otras personas de otras nacionalidades que se encontraban en el CITE de Melilla y fueron trasladas a la Península, incluso con una estancia inferior al año, puestas en libertad y regularizadas posteriormente. Por lo tanto, y en relación a estas personas que llevan casi 5 años de internamiento, sin ningún amparo jurídico, se ha producido un acto discriminatorio.
¿Piensa el Gobierno de España revocar las órdenes de expulsión de estos 47 ciudadanos bengalíes para que puedan seguir residiendo y trabajando de forma pacífica en nuestro país?
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