sábado, 6 de septiembre de 2014

¿Donde está Toumani Samaké?

Según el colectivo de malienses que se encuentran en el monte Gurugú, el día 13-08-2014 murió apaleado por la Guardia Civil y las Fuerzas Auxiliares marroquíes entre las vallas de Melilla.


 El Gobierno Español debe aclarar inmediatamente estos hechos.

También el día 30 de agosto murieron dos jóvenes cameruneses en un intento de salto a la valla de Melilla

 ¡Esto lo tenemos que parar!

miércoles, 3 de septiembre de 2014

Visita al Gurugú del diputado Jon Iñarritu. Agosto 2014.

Por primera vez un diputado del parlamento español se interesa por la situación de los inmigrantes que se refugian en el monte Gurugú a la espera de poder pasar a Melilla.
Visita al Gurugú del diputado Jon Iñarritu. Agosto 2014. from Asociación Pro.De.In. Melilla on Vimeo.

Jon Iñarritu: Expulsiones ilegales en Melilla.

Jon Iñarritu ha sido el primer diputado español que ha presenciado directamente un intento de salto a la valla de Melilla. En el video vemos sus conclusiones.
Jon Iñarritu. Expulsiones ilegales en Melilla. from Asociación Pro.De.In. Melilla on Vimeo.

viernes, 29 de agosto de 2014

Hoy hace 9 años que murió Yopo Yoe asesinado en la frontera de Melilla

Hoy hace 9 años que murió Yopo Yoe asesinado en la frontera de Melilla. Murió otro chaval más pero no cuenta entre los asesinados porque no tenía una foto.

Es necesario recordar este crimen y lo que pasó para honrar a todos los hombres que quieren ser libres, y honrar también a los que hoy siguen luchando y rompiendo cadenas.



La crisis de la frontera de Melilla en el año 2005, al igual que en la actualidad, se intentó zanjar empleando una violencia intolerable en un pais perteneciente a la UE.
Los acuerdos institucionales con el reino de marruecos eran mínimos y el soborno cuerpo a cuerpo era la principal herramienta de trabajo para que los agentes marroquíes participaran en el "control fronterizo"
Aquella violencia no solucionó nada. Los flujos migratorios se desplazaron a la ruta de las islas Canarias, donde murieron miles de personas en el mar.

miércoles, 27 de agosto de 2014

¡REDADA!

Los clandestinos que se refugian en el monte Gurugú con la esperanza de poder pasar a Melilla, sufren el continuo acoso de las fuerzas de seguridad de Marruecos. A las detenciones hay que sumar los traslados al desierto o a otros lugares al sur de Marruecos. Durante las redadas sufren unos niveles de violencia intolerables y no es infrecuente que algunos mueran.

¡REDADA! from Asociación Pro.De.In. Melilla on Vimeo.

martes, 19 de agosto de 2014

¿Quien manipula la realidad Sr. Delegado del Gobierno en Melilla?

Inmigrantes de Mali que intentaron entrar a Melilla el 13-08-2014 fueron golpeados, pateados, deportados ilegalmente por la guardia civil y las fuerzas auxiliares criminales de Marruecos.

Las fuerza auxiliares criminales de Marruecos entraron en España uniformadas y con armas. Golpearon a los inmigrantes que deberían estar bajo la protección de la Guardia Civil y les hicieron pasar la frontera a golpes y patadas. La Guardia civil permaneció inmóvil, cómplices de lo que estaba ocurriendo.

¿Donde está la manipulación? from Asociación Pro.De.In. Melilla on Vimeo.

Al amanecer, con la luz, todos cesan la violencia, normalmente los militares marroquíes salen de territorio español y junto a la guardia civil adoptan una "pose" más civilizada

http://www.publico.es/actualidad/539370/el-gobierno-ve-mala-fe-en-los-videos-de-ongs-sobre-agresiones-a-migrantes-en-la-valla-de-melilla

viernes, 15 de agosto de 2014

Los inmigrantes que han intentado alcanzar la ciudad eran Malienses potenciales solicitantes de asilo.



Mientras en el resto de España se llevan dos días trabajando para salvar vidas y dar acogida a los inmigrantes que nos llegan en Melilla se activa todo un dispositivo policiaco-militar, hispano marroquí, que provoca la muerte de 6 personas, unos 50 heridos en el Hospital Hassani (información disponible a las 12:00 h), 10 de ellos de gravedad según fuentes creíbles.


Los inmigrantes que han intentado alcanzar la ciudad eran Malienses potenciales solicitantes de asilo. Todos han sido deportados ilegalmente por la Guardia Civil al reino criminal de Marruecos siguiendo las órdenes del gobierno NaZional.

martes, 29 de julio de 2014

Otra mentira del Ministro de Interior.


Los posibles solicitantes de asilo con frecuencia corren más riesgo en la frontera de Melilla que en sus lugares de origen.

Hasta el día de hoy solicitar asilo en Melilla suponía quedar encerrado en el CETI hasta tres años.

Se ofrecía una salida en un plazo de dos semanas si se renunciaba a la solicitud de asilo.

Esa ha sido hasta ahora la política de asilo en Melilla.

Malienses solicitantes de asilo deportados en Melilla from Asociación Pro.De.In. Melilla on Vimeo.

lunes, 7 de julio de 2014

Defensor del Pueblo:Recomendación 153/2013, de 10 de septiembre, formulada a la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior, sobre los cambios en los criterios de inclusión en el programa de traslado a la península y acogida humanitaria en el CETI de Melilla

Recomendación 153/2013, de 10 de septiembre, formulada a la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior, sobre los cambios en los criterios de inclusión en el programa de traslado a la península y acogida humanitaria en el CETI de Melilla (123027510). Rechazada.
En el curso de sus habituales actividades de supervisión, el pasado día 29 de agosto, personal de esta Institución visitó diversas instalaciones y centros administrativos de la Ciudad Autónoma de Melilla, entre los que se encontraba el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes y la Comisaría Provincial de Policía.
A consecuencia de dicha visita se ha elaborado un acta, cuyas conclusiones completas le serán remitidas próximamente. Sin embargo, se ha considerado necesario dirigirse a V. I. con urgencia a la vista de la situación de sobreocupación de las dependencias visitadas, y para dar traslado de diversas consideraciones relativas a la situación de los solicitantes de protección internacional residentes en el centro, así como de aquellos que, a pesar de reunir las condiciones para formular la citada solicitud, no lo hacen por las circunstancias que se expondrán a continuación.
1. Situación de sobreocupación de las dependencias visitadas. Tras el repunte de sobreocupación que supuso el año 2005 (3.245 residentes en el CETI), se había venido observando una bajada constante del número de residentes, hasta que en el año 2010 (con 1.040 personas) comenzó la tendencia al alza, que en el año 2012, se confirmó al alcanzar un total de 2.186 personas residentes.
El año 2013 comenzó con 973 residentes en el centro y el día 29 de agosto de 2013, día de la visita, 835 personas se encontraban en el mismo. Se ha de recordar que la capacidad nominal establecida es de 480 plazas.
Por tanto, tal y como se ha señalado con motivo de anteriores visitas, se ha de reiterar la preocupación de esta Institución ante la sobreocupación del citado centro, que desafortunadamente no puede ser calificada de puntual. Al mismo tiempo, se ha de reiterar el reconocimiento que por parte del Defensor del Pueblo se realiza del esfuerzo que se lleva a cabo desde ese organismo y, muy especialmente, por parte del personal adscrito a la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación.
Asimismo, se valoran muy positivamente los esfuerzos de coordinación que se realizan desde la Dirección General de la Policía y la Dirección General de Migraciones para agilizar los programas de acogida humanitaria a la península que permiten descongestionar el centro, para así permitir nuevas entradas. Sin embargo, a la vista de la situación actual y ante la limitación de recursos existentes, resulta preciso
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revisar los criterios establecidos para la elección de residentes que puedan beneficiarse del programa de acogida.
A juicio de esta Institución, el criterio que debe primar a la hora de la elección del perfil de traslado a la península ha de basarse en la situación de especial vulnerabilidad. Por un lado las unidades familiares con menores de edad a su cargo, y de otro las personas con necesidades de protección internacional. La situación del primero de los colectivos citados (unidades familiares con menores de edad a su cargo) será abordada con carácter general en el escrito que será remitido con las conclusiones generales de la visita. Por lo que se aborda a continuación la situación de las personas con necesidades de protección internacional.
2. Solicitudes de protección internacional en el CETI de Melilla. La situación de las personas con necesidades de protección internacional residentes en el Centro de Estancia Temporal de Melilla resulta objeto de preocupación no solo de esta Institución sino de organismos internacionales como: Naciones Unidas (informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, tras su visita a España el pasado mes de enero; de la EASO (Oficina Europea de Apoyo al Asilo) en su informe anual del año 2012 (página 66) o de la representación del ACNUR en España.
Los datos de solicitantes de protección internacional del Centro citado resultan llamativos. En primer lugar por su escaso número, tan solo un 2,20% de los residentes solicitaron asilo en 2012 (33 solicitantes sobre un total de 2.186 personas) y en segundo lugar por el descenso sostenido que sufren desde el año 2009 (coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva Ley de Asilo). Así, mientras que en los años anteriores las solicitudes de protección internacional en el CETI rondaban el 20%, a partir del año 2009 se produce una drástica bajada; en 2010 las solicitudes de asilo suponían el 10,87% de las personas residentes, en 2011 el 3,20% y en 2012 el 2,20%. Esa tendencia se confirma en el año 2013 ya que en los ocho primeros meses de este año, tan solo 17 personas (de las 1.682 que ya han pasado por el centro) han formalizado su solicitud de protección internacional.
A la vista de lo anterior, resulta evidente que uno de los efectos que ha tenido la interpretación que se realizó en su día por parte de ese organismo, acerca de las consecuencias de la admisión a trámite de una solicitud de protección internacional, tras la entrada en vigor de la Ley 12/2009, de 30 de octubre (consistente en impedir a los solicitantes de asilo de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla su libre circulación por el resto del territorio español), ha sido la práctica desaparición de las solicitudes en las ciudades citadas. Esta situación contrasta con el número de personas nacionales de países respecto de los que el ACNUR ha realizado
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llamamientos para la no devolución de sus nacionales tales como Malí y más recientemente Siria. A modo de ejemplo, el día de la visita (29 de agosto de 2013), 202 malienses se encontraban en el CETI y ninguno de ellos había formulado solicitud de protección internacional y tan solo lo habían hecho 2 de los 13 ciudadanos sirios (incluyendo una mujer y dos menores de edad).
Sin embargo, tras las entrevistas mantenidas tanto con el personal que realiza las entrevistas de acogida como con la letrada especializada en cuestiones de asilo de la ONG que presta sus servicios en el centro, se puede concluir que un número significativo de las personas residentes podrían formular solicitud de asilo, al tener necesidades de protección internacional. El único motivo por el que se niegan a solicitarlo se refiere a la constatación del dilatado período de tiempo que han de permanecer allí antes de ver reconocida su condición de refugiados (o protección subsidiaria).
Las consecuencias de la situación anteriormente descrita son variadas y afectan de manera directa; de un lado a la credibilidad del sistema español de protección internacional en el exterior y, de otro, al agravamiento de las condiciones de especial vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas. Y, por último, contribuye a distorsionar la realidad de los flujos migratorios que intentan acceder a Europa de manera irregular desde África, a través de Ceuta y Melilla. Esta distorsión puede tener también impacto en el acceso al Fondo Europeo para los Refugiados, ya que estos se rigen por criterios objetivos que reflejan la carga que asume cada Estado miembro en el ámbito de las políticas de asilo (como ejemplo: en 2012 se formularon en España 2.588 solicitudes, 77.650 en Alemania y 17.350 en Italia).
Por otra parte, como se señalaba anteriormente, se encuentra en juego la credibilidad del sistema español de protección internacional ya que resulta difícilmente explicable, a la vista de la situación geográfica y de las nacionalidades mayoritarias de los residentes en el Centro de Melilla, el número prácticamente inexistente de solicitudes de protección internacional.
Finalmente se ha de hacer referencia a la falta de adecuación de las instalaciones del CETI para la acogida durante largos períodos de tiempo de personas en situación de protección internacional, especialmente para familias con menores de edad. La situación geográfica de la Ciudad Autónoma de Melilla junto a la prohibición existente de circular libremente a los solicitantes de protección internacional ocasiona, como se ha señalado, que, en la práctica, los solicitantes se vean obligados a permanecer en el centro durante la tramitación de su expediente. El centro se encuentra al doble de su capacidad, situación que se ha mantenido de forma más o menos continuada durante todo el año 2013. Los servicios de asistencia social, psicológica y de mediación se encuentran desbordados y por tanto resulta imposible
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que se preste la asistencia especializada necesaria a este colectivo. La situación se agrava en aquellos casos de especial vulnerabilidad en los que, a pesar de presentar un perfil de solicitante, no se deciden a iniciar el procedimiento por las razones anteriormente expuestas.
La inadecuación de las instalaciones para períodos largos de estancia y especialmente para albergar a menores de edad ha sido reiteradamente puesta de manifiesto por esta Institución y será objeto de análisis más detallado con motivo de las conclusiones que se remitirán tras esta última visita. Sin embargo, resulta preciso ahora llamar la atención acerca de la especial vulnerabilidad de este colectivo y del agravamiento de la misma por las condiciones de acogida del CETI, tal y como ha señalado en su informe anual 2012 antes citado la EASO (página 72).
3. Revisión de los criterios de elección de beneficiarios en el programa de traslado a la península para acogida humanitaria. El Defensor del Pueblo ya mostró su disconformidad ante la restricción a la libertad de circulación que afecta a los solicitantes de asilo, residentes en los CETI de Ceuta y Melilla, en la medida en que se les impide acceder a la península. Con el fin de erradicar esta práctica se formuló una recomendación el pasado 1 de marzo a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que se encuentra pendiente de respuesta.
Con independencia de esta cuestión, a juicio de esta Institución no existen razones para seguir excluyendo a los solicitantes de protección internacional del programa de acogida humanitaria en la península. Sin embargo, esa exclusión está provocando efectos perversos como son la negativa a formular solicitudes de protección internacional por parte de residentes que podrían gozar de la misma o, la falta de detección precoz de situaciones de especial vulnerabilidad que son ocultadas con el fin de conseguir ser trasladados a la península junto al grupo de aquellos que son en la práctica «inexpulsables».
El interesado en la queja que ha dado lugar a esta investigación es un buen ejemplo de la situación creada con esta práctica (...), de nacionalidad siria, y su hermano (al que le ha sido concedida la protección subsidiaria) son los dos únicos residentes de esa nacionalidad que presentaron solicitud de protección internacional en su día. Desde que iniciaron el procedimiento han visto cómo cientos de personas, sin solicitud de protección internacional, han sido trasladados a la península en el marco del citado programa de acogida humanitaria. Durante la entrevista mantenida con personal de esta Institución el interesado manifestaba su incomprensión ante esta situación y se planteaba la posibilidad de renunciar a su solicitud como único medio de ser trasladado a la península, y, una vez allí volver a formularla de nuevo. El resto de los residentes sirios en el momento de la visita (dos menores de edad, una mujer y
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ocho hombres) manifestaban su voluntad de no solicitar asilo ante la certeza de que dicha circunstancia demoraría largamente en el tiempo su estancia en el centro.
Por todo lo anterior, esta Institución, en atención a lo establecido en el artículo 30.1 de nuestra ley orgánica reguladora, ha estimado procedente formular la siguiente sugerencia:
«Trasladar a la península, dentro del programa de acogida humanitaria coordinado conjuntamente por la Dirección General de Migraciones y la Dirección General de la Policía, a (...), con NIE (...), de nacionalidad siria y solicitante de protección internacional».
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en los mismos artículos de la citada Ley Orgánica, se realiza la siguiente recomendación:
«Revisar de manera coordinada con la Dirección General de Migraciones los criterios de inclusión de beneficiarios en el programa de acogida humanitaria de traslado a la península, primando a aquellas personas con solicitudes de protección internacional procedentes de países sobre los que existan llamamientos de no devolución por parte del ACNUR y de aquellos especialmente vulnerables, como familias con menores de edad a cargo».
En la seguridad de que estas Resoluciones serán objeto de atención por parte de esa dirección general. 

Defensor del Pueblo: Recomendación 154/2013, de 10 de septiembre, formulada a la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sobre los cambios en los criterios de inclusión en el programa de traslado a la península y acogida humanitaria en el CETI de Melilla

Recomendación 154/2013, de 10 de septiembre, formulada a la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sobre los cambios en los criterios de inclusión en el programa de traslado a la península y acogida humanitaria en el CETI de Melilla (13027510). Pendiente.
En el curso de sus habituales actividades de supervisión, el pasado día 29 de agosto, personal de esta Institución visitó diversas instalaciones y centros administrativos de la Ciudad Autónoma de Melilla, entre los que se encontraba el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes de dicha localidad, dependiente de ese centro directivo.
A consecuencia de dicha visita se ha elaborado un acta, cuyas conclusiones completas le serán remitidas próximamente. Sin embargo, se ha considerado necesario dirigirse a V. I. con urgencia, a la vista de la situación de sobreocupación de las dependencias visitadas y para dar traslado de diversas consideraciones relativas a la situación de los solicitantes de protección internacional residentes en el centro, así como de aquellos que, a pesar de reunir las condiciones para formular la citada solicitud, no lo hacen por las circunstancias que se expondrán a continuación.
1. Situación de sobreocupación de las dependencias visitadas Tras el repunte de sobreocupación que supuso el año 2005 (3.245 residentes en el CETI), se había venido observando una bajada constante del número de residentes, hasta que en el año 2010 (con 1.040 personas) comenzó la tendencia al alza, que en el año 2012 se confirmó, al alcanzar un total de 2.186 personas residentes.
El año 2013 comenzó con 973 residentes en el centro, y el día de la visita 835 personas se encontraban en el mismo. Se ha de recordar que la capacidad nominal establecida es de 480 plazas.
Por tanto, tal y como se ha señalado con motivo de anteriores visitas, se ha de reiterar la preocupación de esta Institución ante la sobreocupación del citado centro, que desafortunadamente no puede ser calificada de puntual. Al mismo tiempo, se ha de reiterar el reconocimiento, que por parte del Defensor del Pueblo se realiza, del esfuerzo que se lleva a cabo desde ese organismo y, muy especialmente, por parte del personal que presta servicios en las citadas dependencias, para procurar unas condiciones de vida adecuadas a las personas residentes.
Asimismo, se valoran muy positivamente los esfuerzos de coordinación que se realizan desde la Dirección General de la Policía y la Dirección General de
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Migraciones para agilizar los programas de acogida humanitaria a la península que permiten descongestionar el centro para así permitir nuevas entradas. Sin embargo, a la vista de la situación actual y ante la limitación de recursos existentes, resulta preciso revisar los criterios establecidos para la elección de residentes que puedan beneficiarse del programa de acogida.
A juicio de esta Institución, el criterio que debe primar a la hora de la elección del perfil de traslado a la península ha de basarse en la situación de especial vulnerabilidad. Por un lado las unidades familiares con menores de edad a su cargo, y de otro las personas con necesidades de protección internacional. La situación del primero de los colectivos citados (unidades familiares con menores de edad a su cargo) será abordada con carácter general en el escrito que será remitido con las conclusiones generales de la visita. Por lo que se analiza a continuación la situación de las personas con necesidades de protección internacional.
2. Solicitudes de protección internacional en el CETI de Melilla. La situación de las personas con necesidades de protección internacional residentes en el Centro resulta objeto de preocupación no solo de esta Institución sino de organismos internacionales como: Naciones Unidas (informe del Relator especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, tras su visita a España el pasado mes de enero; de la EASO (Oficina Europea de Apoyo al Asilo) en su informe anual del año 2012 (página 66) o de la representación del ACNUR en España.
Los datos de solicitantes de protección internacional del centro citado resultan llamativos. En primer lugar por su escaso número, tan solo un 2,20% de los residentes solicitaron asilo en 2012 (33 solicitantes sobre un total de 2.186 personas) y en segundo lugar por el descenso sostenido que sufren desde el año 2009 (coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva Ley de Asilo). Así, mientras que en los años anteriores las solicitudes de protección internacional en el CETI rondaban el 20%, a partir del año 2009 se produce una drástica bajada; en 2010 las solicitudes de asilo suponían el 10,87% de las personas residentes, en 2011 el 3,20% y en 2012 el 2,20%. Esa tendencia se confirma en el año 2013 ya que en los ocho primeros meses de este año, tan solo 17 personas (de las 1.682 que ya han pasado por el centro) han formalizado su solicitud de protección internacional.
A la vista de lo anterior, resulta evidente que uno de los efectos que ha tenido la interpretación que realizó en su día la Dirección General de la Policía, de las consecuencias de la admisión a trámite de una solicitud de protección internacional, tras la entrada en vigor de la Ley 12/2009, de 30 de octubre (consistente en impedir a los solicitantes de asilo de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla su libre circulación por el resto del territorio español) ha sido la práctica desaparición de las
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solicitudes en las ciudades citadas. Esta situación contrasta con el número de personas nacionales de países respecto de los que el ACNUR ha realizado llamamientos para la no devolución de sus nacionales tales como Malí y más recientemente Siria. A modo de ejemplo, el día de la visita, 202 malienses se encontraban en el CETI y ninguno de ellos había formulado solicitud de protección internacional y tan solo lo habían hecho 2 de los 13 ciudadanos sirios (incluyendo una mujer y dos menores de edad).
Sin embargo, tras las entrevistas mantenidas tanto con el personal que realiza las entrevistas de acogida como con la letrada especializada en cuestiones de asilo de la ONG que presta sus servicios en el centro, se concluye que un número significativo de las personas residentes podrían formular solicitud de asilo, al tener necesidades de protección internacional. El único motivo por el que se niegan a hacerlo se refiere a la constatación del dilatado período de tiempo que han de permanecer allí antes de ver reconocida su condición de refugiados (o protección subsidiaria).
Las consecuencias de la situación anteriormente descrita son variadas y afectan de manera directa, de un lado a la credibilidad del sistema español de protección internacional en el exterior y, de otro, al agravamiento de las condiciones de especial vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas. Y, por último, contribuye a distorsionar la realidad de los flujos migratorios que intentan acceder a Europa de manera irregular desde África, a través de Ceuta y Melilla. Esta distorsión puede tener también impacto en el acceso al Fondo Europeo para los Refugiados, ya que estos se rigen por criterios objetivos que reflejan la carga que asume cada Estado miembro en el ámbito de las políticas de asilo (como ejemplo: en 2012 se formularon en España 2.588 solicitudes, 77.650 en Alemania y 17.350 en Italia).
Por otra parte, como se señalaba anteriormente, se encuentra en juego la credibilidad del sistema español de protección internacional ya que resulta difícilmente explicable, a la vista de la situación geográfica y de las nacionalidades mayoritarias de los residentes en el Centro de Melilla, el número prácticamente inexistente de solicitudes de protección internacional.
Finalmente, se ha de hacer referencia a la falta de adecuación de las instalaciones para la acogida durante largos períodos de tiempo de personas en situación de protección internacional, especialmente para familias con menores de edad. La situación geográfica de la Ciudad Autónoma de Melilla junto a la prohibición existente de circular libremente a los solicitantes de protección internacional ocasiona, como se ha señalado, que, en la práctica, los solicitantes se vean obligados a permanecer en el centro durante la tramitación de su expediente. El centro se encuentra al doble de su capacidad, situación que se ha mantenido de forma más o menos continuada durante todo el año 2013. Los servicios de asistencia social,
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psicológica y de mediación se encuentran desbordados y, por tanto, resulta imposible que se preste la asistencia especializada necesaria a este colectivo. La situación se agrava en aquellos casos de especial vulnerabilidad en los que, a pesar de presentar un perfil de solicitante, no se deciden a iniciar el procedimiento por las razones anteriormente expuestas.
La inadecuación de las instalaciones para períodos largos de estancia y especialmente para albergar a menores de edad ha sido reiteradamente puesta de manifiesto por esta Institución, y será objeto de análisis más detallado con motivo de las conclusiones que se remitirán tras esta última visita. Sin embargo, resulta preciso ahora llamar la atención acerca de la especial vulnerabilidad de este colectivo y del agravamiento de la misma por las condiciones de acogida, tal y como ha señalado en su informe anual 2012 antes citado la EASO (página 72).
3. Revisión de los criterios de elección de beneficiarios en el programa de traslado a la península para acogida humanitaria. El Defensor del Pueblo ya mostró su disconformidad ante la restricción a la libertad de circulación que afecta a los solicitantes de asilo, residentes en los CETI de Ceuta y Melilla, en la medida en que se les impide acceder a la península. Con el fin de erradicar esta práctica se formuló una recomendación el pasado 1 de marzo a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que se encuentra pendiente de respuesta.
Con independencia de esta cuestión, a juicio de esta Institución no existen razones para seguir excluyendo a los solicitantes de protección internacional del programa de acogida humanitaria en la península. Sin embargo, esa exclusión está provocando efectos perversos como son la negativa a formular solicitudes de protección internacional por parte de residentes que podrían gozar de la misma o, la falta de detección precoz de situaciones de especial vulnerabilidad que son ocultadas con el fin de conseguir ser trasladados a la península junto al grupo de aquellos que son en la práctica «inexpulsables».
El interesado en la queja que ha dado lugar a esta investigación es un buen ejemplo de la situación creada con esta práctica; (...), de nacionalidad siria, y su hermano (al que le ha sido concedida la protección subsidiaria) son los dos únicos residentes de esa nacionalidad que solicitaron protección internacional en su día. Desde que iniciaron el procedimiento han visto cómo cientos de personas, sin dicha solicitud, han sido trasladadas a la península en el marco del citado programa de acogida humanitaria. Durante la entrevista mantenida con personal de esta Institución, el interesado manifestaba su incomprensión ante esta situación y se planteaba la posibilidad de renunciar a su solicitud como único medio de ser trasladado a la península, y, una vez allí volver a formularla de nuevo. El resto de los residentes sirios en el momento de la visita (dos menores de edad, una mujer y ocho hombres)
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manifestaban su voluntad de no solicitar asilo ante la certeza de que dicha circunstancia demoraría largamente en el tiempo su estancia en el centro.
Por todo lo anterior, esta Institución, en atención a lo establecido en el artículo 30.1 de nuestra ley orgánica reguladora, ha estimado procedente formular la siguiente sugerencia:
Trasladar a la península, dentro del programa de acogida humanitaria coordinado conjuntamente por la Dirección General de Migraciones y la Dirección General de la Policía, a (...), con NIE (...), de nacionalidad siria y solicitante de protección internacional.
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en los mismos artículos de la citada ley orgánica, se realiza la siguiente recomendación:
«1. Revisar de manera coordinada con la Dirección General de la Policía los criterios de inclusión de beneficiarios en el programa de acogida humanitaria de traslado a la península, primando a aquellas personas con solicitudes de protección internacional procedentes de países sobre los que existan llamamientos de no devolución por parte del ACNUR y de aquellos especialmente vulnerables, como familias con menores de edad a cargo.
2. Establecer, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales que prestan sus servicios en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes, un protocolo que permita la eficaz detección de aquellos residentes que presenten un perfil de solicitantes de protección internacional. El citado protocolo debería contemplar estrategias que trasladen la información adecuada que rompa la dinámica establecida en la actualidad, por la que los residentes creen que la solicitud de protección internacional impide su inclusión en el programa de acogida humanitaria y traslado a la península».
En la seguridad de que estas resoluciones serán objeto de atención por parte de esa Secretaría General. 

Defensor del Pueblo: Recomendación 190/2013, de 15 de noviembre, formulada a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Ministerio del Interior, para que los órganos policiales contacten de manera habitual con el ACNUR

Recomendación 190/2013, de 15 de noviembre, formulada a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Ministerio del Interior, para que los órganos policiales contacten de manera habitual con el ACNUR (13007518). Pendiente.
Se ha recibido la información solicitada a esa Comisaría General que refleja las actuaciones realizadas en el caso de doña (...), nacional congoleña.
En el escrito remitido se comunica, entre otras cosas, que esa Comisaría General no recibe directamente alertas del Alto Comisionado de Naciones Unidas (en adelante ACNUR) sobre la situación existente en países determinados que desaconsejen la expulsión, devolución o retorno de sus nacionales, aunque sí son tenidas en cuenta las provenientes de otras organizaciones u organismos.
Con relación a esta cuestión, procede manifestar lo siguiente:
El ACNUR cumple una relevante función en la tramitación de los expedientes de protección internacional. Dicha función, según la legislación española, consiste en emitir informe favorable o desfavorable a la concesión de la protección y, en el caso de que proceda, proponer que se facilite a la persona otro tipo de protección de las establecidas por la normativa. Para la emisión de dicho informe debe contar con información actualizada del país de origen del demandante de protección internacional.
La consulta sobre la situación del país se erige como una herramienta imprescindible para la realización de la función que tiene encomendada. En el informe que el ACNUR emitió en el expediente de protección internacional de la señora (...), indicaba respecto al país de nacionalidad de ésta:
«Por otra parte, esta Delegación quisiera hacer referencia a la información sobre el país de origen. En este sentido, la situación de derechos humanos en República Democrática del Congo es muy precaria y, más concretamente, en relación a las mujeres y a la violencia de género que sufren haciendo de este colectivo unos de los grupos más vulnerables y de mayor riesgo, sin que su integridad y sus derechos más fundamentales sean protegidos por las autoridades.
La información sobre el país de origen viene a señalar el grado de violencia sexual que se ejerce contra las mujeres en la zona de los Kivus en R. D. del Congo, así como la situación de discriminación y violencia que se extiende al resto del país.
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Además, y en relación a las situaciones de trata, todos los informes consultados señalan que las autoridades congoleñas no cumplen con los estándares mínimos de eliminación y lucha contra este delito, no habiendo realizado ningún esfuerzo a la hora de identificar a posibles víctimas de trata y garantizar la protección de las mismas».
Concluía dicho informe que, teniendo en cuenta la complejidad a la hora de abordar estos casos, la inadecuación de las instalaciones en las que se realiza la entrevista a la interesada, el breve espacio de tiempo, las alegaciones de la señora (...) respecto a la violencia física y sexual y otras circunstancias concurrentes, debía admitirse a trámite la demanda de protección internacional. La admisión, a juicio del ACNUR, permitiría valorar el caso en profundidad y dicha valoración debía incluir el riesgo de retorno a su país de origen y al de tránsito.
Precisamente, en noviembre de 2012, el ACNUR había elaborado un informe denominado «Posición del ACNUR sobre el retorno a Kivu Norte, Kivu Sur y las áreas adyacentes en la República Democrática del Congo afectadas por los actuales conflictos y violencia en la región», en el que se indica de manera expresa que los informes indican que las violaciones masivas y otras formas de violencia sexual continúan siendo cometidas por las partes en conflicto, incluso durante los ataques a las aldeas, con frecuencia en represalia por una alegada colaboración de las víctimas con grupos armados o con el ejército nacional.
También señalaba que probablemente muchas de las personas que huían de la República del Congo podrían cumplir los criterios de la Convención de 1951 referente a la condición de refugiado y que, dependiendo del perfil del caso individual, podría ser necesario examinar las consideraciones de la exclusión. Indicaba, además, que la prohibición del retorno forzado servía como un estándar mínimo y debía permanecer vigente hasta el momento en que la situación de seguridad y de derechos humanos en las zonas afectadas hubiera mejorado lo suficiente para permitir un retorno seguro y digno de quienes se determinara que no necesitaban protección internacional. El ACNUR no consideraba apropiado que los Estados devolvieran a las personas procedentes de las zonas afectadas a otras partes de la R. D. del Congo, a menos que tuvieran fuertes y estrechos vínculos en ese otro lugar. Toda propuesta de retorno debía ser evaluada cuidadosamente, teniendo en cuenta las circunstancias individuales de cada caso.
Por su parte, el informe de Amnistía Internacional del año 2012, en su apartado sobre la República del Congo señala: «La violación y otras formas de violencia sexual seguían siendo endémicas y eran cometidas por las fuerzas de seguridad gubernamentales, incluida la policía nacional y grupos armados». Añade el informe:
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«Las personas sobrevivientes de violación no recibían apoyo y asistencia adecuados y seguían siendo estigmatizadas».
El informe del Departamento de Estado de EE. UU. del año 2012 (Democratic Republic of the Congo 2012 Human Rights Report), señala, asimismo, que aunque la violación se considera delito, el gobierno no pudo hacer cumplir la ley y era generalizada en todo el país. Además, el informe cita incidentes concretos y hace alusión a dichas violaciones y a la indefensión de los civiles.
A pesar de los informes mencionados y las declaraciones de la interesada en las diferentes entrevistas que realizó, no consta que se valorara el riesgo de su retorno. La Oficina de Asilo y Refugio denegó la solicitud de protección internacional y el reexamen, con oposición del ACNUR y, tras activarse el Protocolo Marco de Trata los funcionarios de la UCRIF, informaron desfavorablemente a la concesión del período de restablecimiento y reflexión y de autorización de estancia, por estimar que no existían indicios de trata de seres humanos. En el informe realizado tras la entrevista, los propios funcionarios de la UCRIF se refieren a la situación de conflicto del país de la señora (...) y a la posibilidad de que hubiera sido objeto de abusos sexuales por parte de miembros del ejército de su país. El informe que contiene la propuesta de no concesión del período de restablecimiento y reflexión señalaba: «Una vez realizada la correspondiente entrevista, y una vez analizada la misma por la instrucción se puede deducir que si bien la misma pudiera haber sido víctima de lesiones, abusos sexuales en República Democrática del Congo, país que en la actualidad se encuentra en guerra, que la misma ha sido perpetrada por soldados del país de origen que no posee ningún tipo de vinculación con la mujer, desconociendo por parte de este grupo operativo como se encuentran dichos delitos articulados en el código penal de dicho país ...».
A juicio de esta Institución, la intervención de la Administración española no fue correcta, al tomar en consideración las circunstancias de la interesada de manera aislada y su retorno se llevó a cabo sin valorar el riesgo que conllevaba teniendo en cuenta, además, que pertenecía a un grupo de riesgo, dada su condición de mujer y la situación de violación de derechos humanos contra este grupo.
La valoración del riesgo de las personas repatriadas a los países de origen ha sido tratada por el Tribunal Supremo en distintas sentencias. Precisamente en la de 22 de junio de 2012, al analizar el recurso formulado por un ciudadano de Costa de Marfil al que se denegó el asilo y se le concedió una autorización por razones humanitarias, se alude expresamente a los informes generales del ACNUR, sobre la situación en Costa de Marfil en los que solicita firmemente que se dejen sin efecto las devoluciones al país de origen de los solicitantes de asilo procedentes de dicho país cuyas peticiones hayan sido denegadas “durante el tiempo necesario para que la seguridad y
Anexo E.1. RECOMENDACIONES
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Defensor del Pueblo
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la situación de los derechos humanos en el país se estabilice lo suficiente como para permitir un retorno seguro”. Continúa el Tribunal señalando que “(...) Tomando en consideración este informe, emitido, no se olvide, por un organismo como el ACNUR, cuy objetividad, rigor y, en definitiva, auctoritas ha sido resaltada por la jurisprudencia consolidada, carece de todo fundamento la alegación del abogado del Estado de que no se ha acreditado una situación de riesgo en el país de origen del recurrente en la instancia (...)».
El órgano judicial defiende en dicha sentencia las diferencias entre la concesión del asilo y la autorización de permanencia por razones humanitarias, señalando que el espíritu y la finalidad de la protección humanitaria contemplada por la normativa es «proporcionar al solicitante de asilo un mecanismo de protección y salvaguardia frente al peligro que para su persona pudiera suponer su regreso al país de origen por causa de la situación general de conflicto o desprotección de los derechos humanos en el mismo.
Desde esta perspectiva, ese espíritu y finalidad de la ley se vería frustrado e incluso transgredido si, so pretexto de que la situación del país al tiempo de la solicitud era aceptable, se ignorara o dejara de lado el dato debidamente acreditado de que esa situación ha evolucionado a peor con posterioridad, hasta el punto desaconsejar el retorno en el momento preciso en el que se resuelve el recurso jurisdiccional promovido frente a la resolución administrativa denegatoria...». Si se prescinde de la situación real del país al tiempo de resolver el recurso el sistema de la normativa de protección internacional se reduciría a una mera apariencia formal ajena a la realidad.
Razona el Tribunal que, por dicha causa, la Directiva 2005/85/CE insiste en la necesidad de que la información sobre el país de origen sea una información actualizada y establece en su artículo 8 que los Estados de la Unión deberán garantizar «que se obtenga información precisa y actualizada de diversas fuentes, por ejemplo, información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), respecto a la situación general imperante en los países de origen de los solicitantes».
Hay que añadir en este punto que la Directiva 2013/32/UE, de 26 de junio, que entrará en vigor el 21 de julio de 2015, y deroga la anteriormente citada, establece la necesidad de que se obtenga información precisa y actualizada de diversas fuentes y, entre ellas, la de la EASO y el ACNUR y organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, respecto a la situación general imperante en los países de origen de los solicitantes y, si fuera necesario, en aquellos países por los que hayan transitado, y que esta información se ponga a disposición del personal responsable de examinar las solicitudes y de tomar decisiones al respecto (artículo 10, apartado b).
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En esta misma sentencia, el Tribunal Supremo cita también la STJUE de 2 de marzo de 2010, sobre el cambio de circunstancias en el país de origen, y estima que las consideraciones de dicha sentencia son extensibles a la protección humanitaria, admitiendo la posibilidad de que se tomen en consideración circunstancias sobrevenidas para mantener la protección internacional concedida.
Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) viene estimando que la prohibición de malos tratos enunciada en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: «Nadie podrá ser sometido a la tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes» ofrece una protección absoluta, lo que implica una obligación para los Estados firmantes del convenio de no extraditar, expulsar o retornar a los extranjeros cuando éstos puedan correr peligro de sufrir torturas o recibir tratos inhumanos o degradantes. Aunque el Tribunal exige que el peligro sea real y aplicable al interesado, sostiene que excepcionalmente, en casos en los cuales las persona pertenece a un grupo que ha sido sistemáticamente expuesto a la práctica de maltrato, el ámbito de protección del artículo 3 del Convenio es aplicable, si se demuestran ambas circunstancias.
Todo lo anterior permite concluir que, antes de proceder a la repatriación de extranjeros procedentes de zonas en conflicto resulta obligado que la Administración española conozca la situación actualizada del país de origen y valore el riesgo que representa para la persona el traslado al país de que se trate, actuación que, como se ha dicho, no consta se llevara a cabo en el caso aquí tratado.
Por lo expuesto y en atención a lo establecido en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora de esta Institución, se ha estimado procedente formular la siguiente recomendación:
«Adoptar las medidas oportunas para facilitar la comunicación con el ACNUR, con el fin de conocer la situación actualizada de los países de procedencia de los extranjeros y valorar el riesgo de su expulsión o retorno, dejando constancia de tal valoración en el expediente».
En la seguridad de que esta recomendación será objeto de atención por parte de ese organismo. 

Defensor del Pueblo Español: Recomendación 200/2013, de 27 de noviembre, formulada al Ministerio del Interior, sobre la retirada de la concertina colocada sobre el vallado exterior en Melilla

Recomendación 200/2013, de 27 de noviembre, formulada al Ministerio del Interior, sobre la retirada de la concertina colocada sobre el vallado exterior en Melilla, sustituyéndola por un mecanismo no cortante que dificulte el salto de la valla (13030864). Pendiente.
Se han recibido en esta Institución escritos de quejas referidos a la instalación de concertinas en la superficie de la valla fronteriza que separa el territorio español, en la Ciudad Autónoma de Melilla, del marroquí. El mencionado elemento había sido instalado en la valla en el año 2005 y posteriormente retirado, como resultado de la solicitud formulada en su día por esta Institución.
Como V. E. conoce, la concertina es un tipo de alambre de púa o alambre de cuchillas que se utiliza para formar obstáculos o cerramientos de seguridad y tiene un uso militar. La instalación de estos elementos en el pasado constituyó un motivo de grave preocupación para el Defensor del Pueblo que ya señaló, en su día, que la instalación de elementos disuasorios en la parte superior del vallado no puede suponer un riesgo para la vida y la integridad de las personas.
El impacto de las leyes y medidas adoptadas por los Estados en su lucha contra la inmigración irregular en el derecho internacional de los derechos humanos, es una cuestión que continúa de plena actualidad. Así, la Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 26 de julio de 2013, en su 23 período de sesiones: «... exhorta a los Estados y a las organizaciones regionales e internacionales que tengan competencia en el ámbito de la regulación de la migración y la aplicación de políticas migratorias a que adopten medidas concretas para impedir la vulneración de los derechos humanos de los migrantes mientras se encuentran en tránsito en puertos y aeropuertos y en las fronteras y puestos de control de la migración, entre otros lugares, capaciten a los agentes públicos que trabajan en esos servicios y en las zonas fronterizas para que traten a los migrantes y a sus familiares con respeto y de conformidad con las obligaciones que les impone el derecho internacional de los derechos humanos...».
El Defensor del Pueblo es consciente de la difícil situación en la que se encuentra la Ciudad Autónoma de Melilla y de las dificultades, de variada índole, que han de afrontar a diario los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el desempeño de su labor. La evidente necesidad de establecer métodos de contención eficaces frente a quienes pretenden acceder de manera irregular al territorio nacional, no debe en ningún caso pasar por alto la obligación de utilizar métodos que sean respetuosos con los derechos humanos y con el ordenamiento jurídico español.
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En ese sentido, quiero aprovechar esta oportunidad para trasladar a V. E. la inquietud que produce a esta Institución las constantes alusiones, por parte de distintas organizaciones no gubernamentales y en las entrevistas mantenidas por personal de esta Institución en las visitas que periódicamente se realizan a Melilla, a supuestas devoluciones irregulares de extranjeros que son interceptados por efectivos de la Guardia Civil en las inmediaciones del perímetro fronterizo, y que se ven reflejadas en quejas recibidas, con cierta regularidad, desde el año 2005.
Los distintos responsables de la Delegación del Gobierno en Melilla mantuvieron en un primer momento que dicho perímetro constituye un obstáculo complejo que, sólo cuando se supera en su totalidad, permite dar lugar a la aplicación del procedimiento de devolución fijado por la normativa española. Mas, recientemente, han mantenido que la ratificación del Acuerdo bilateral de readmisión hispano-marroquí de 1992, por parte de Marruecos en 2012, habilita a los miembros de la Guardia Civil a devolver expeditivamente a personas sorprendidas en el entrevallado o sus inmediaciones, al margen de todo procedimiento.
Esta Institución se ve en la obligación de trasladar nuevamente su preocupación, lo que ya hizo en el año 2006, ante estas interpretaciones, que revisten una especial gravedad por el desconocimiento que supone de la normativa española y porque imposibilita que personas, que precisen protección internacional, puedan tener la opción de presentar una solicitud de asilo, lo que puede implicar un incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por España.
Por lo expuesto, en atención a lo establecido en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora de esta Institución, se ha estimado procedente formular las siguientes recomendaciones:
1. «Retirar la concertina existente sobre el vallado exterior, sustituyéndola por un mecanismo no cortante que dificulte el salto de las vallas».
2. «Impartir instrucciones a la Dirección General de la Guardia Civil con el fin de que se recuerde a todos los efectivos que prestan servicio en la frontera de la Ciudad Autónoma de Melilla que, cuando se intercepte a un extranjero cuyo propósito sea entrar irregularmente en España, la respuesta debe ser por parte de los agentes de la Guardia Civil, la puesta a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, para que se incoe el oportuno expediente administrativo previsto en la legislación de extranjería».
En la seguridad de que estas recomendaciones serán objeto de atención por parte de ese organismo.

Conclusiones preliminares de la Comisión de DDHH que visitó Melilla del 3 al 6 de julio de 2014






viernes, 27 de junio de 2014

Un colectivo Juristas ven delitos de"coacción" y "prevaricación" en la expulsión en caliente de inmigrantes.

La decisión, ejecución, y colaboración activa y pasiva con las 'expulsiones en caliente' a Marruecos de inmigrantes que saltan las vallas de Ceuta y Melilla o acceden a sus playas a nado incurriría en responsabilidad penal por, entre otros, delitos de "prevaricación" y de "coacciones".

A esta conclusión han llegado los catedráticos y profesores de Derecho Penal, Internacional, Constitucional, Administrativo y Ética que conforman el proyecto I+D+i IUSMIGRANTE, en un informe que analiza la práctica por la que las fuerzas de seguridad, alegando un "concepto operativo", entregan sobre la marcha a Marruecos a los migrantes interceptados en las vallas y las playas de Ceuta y Melilla.

El trabajo analiza la legislación española de extranjería y sentencia que entregar a los migrantes según llegan sin siquiera identificarlos es "jurídicamente inadmisible" y no tiene amparo ni desde ese supuesto concepto de operatividad, ni en aplicación de la figura legal de 'rechazo en frontera' ni bajo el amparo del convenio de readmisión suscrito entre España y Marruecos.

No sólo sería ilegal, sino que "son distintos los tipos penales en que podrían subsumirse estas conductas, como son, entre otros, el delito de coacciones (art. 172 CP); los delitos de funcionarios públicos de privación de asistencia letrada (art. 537 CP), de privación del ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes (art. 540 CP), o de prevaricación (art. 404 CP)", dicen los expertos. De esta responsabilidad penal no quedarían eximidos los guardias civiles.
Deber de denunciar


"Además, todo ciudadano está obligado a denunciar los delitos que presencie o de los que tenga conocimiento (arts. 259, 262, 264 LECrim), incurriendo incluso en un delito del 450 CP quien pudiendo evitar estas prácticas no lo haga, y en un delito del art 408 CP la autoridad o funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, deje de promover intencionadamente su persecución", sentencian.


Las expulsiones en caliente llevan vigentes 12 años y no se han reconocido oficialmente

El informe, que se presenta este viernes, consta de 21 páginas en las que se repasa esta práctica que según las organizaciones locales lleva vigente doce años y que no se ha reconocido oficialmente hasta que el pasado 6 de febrero, en la playa ceutí de El Tarajal, un grupo de agentes de la Guardia Civil fue grabado devolviendo en fila a Marruecos a un grupo de 23 migrantes que habían alcanzado la playa, en un intento de entrada que costó la vida a 15 personas.

Interior entiende, en este marco, que los migrantes no han entrado en España hasta que no han superado el cordón de seguridad desplegado por los agentes en la playa. Cuando se trata de las vallas, dice que hasta que no han superado todo el perímetro (es una valla doble) y rebasado a los guardias civiles apostados a continuación, tampoco han entrado. Define estas prácticas no como devolución en caliente sino como 'rechazo en frontera'.
No hay norma que ampare lo que hace Interior

Los juristas dicen que "no existe ningún tipo de norma jurídica que ortorgue cobertura legal a un concepto de frontera que pueda ser determinado de forma caprichosa" y aseguran que "no es jurídicamente defendible la tesis de que el Gobierno pueda modificar a su libre albedrío, mediante decisión 'libre y soberana', los límites del territorio nacional". "Carece de cualquier cobertura legal la ficción en que se basa este concepto operativo de frontera", aseguran.

Violencia, ilegalidad e impunidad sin límites en la frontera de Melilla. from Asociación Pro.De.In. Melilla on Vimeo.

"No es defendible que el Gobierno pueda modificar a su libre albedrío los límites territoriales"

Además, insisten en que son funcionarios públicos españoles quienes entregan los inmigrantes a Marruecos y sus actuaciones "quedan sometidas al estricto cumplimiento de la Constitución", más allá de si la valla es o no territorio nacional. Es más, aunque los migrantes hubieran sido interceptados por la Guardia Civil en suelo marroquí, los agentes españoles tendrían que cumplir la legislación de España.

Respecto al argumento del convenio hispano marroquí, los expertos tienen claro que "no justifica" la aplicación de las devoluciones en caliente, primero, porque por encima del acuerdo están la Ley de Extranjería y la Constitución Española y, segundo, porque "establece nuevas obligaciones para la ejecución materia de estas entregas de ciudadanos extranjeros que también se están incumpliendo".
No se puede regular lo que vulnera tantas normas

Los juristas advierten de que "no existe la posibilidad de proceder a una modificación legislativa para dar cobertura legal" a estas prácticas porque "vulneran la Constitución española, la normativa de la Unión Europea y el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente las referidas al ejercicio del derecho de asilo y protección jurídica internacional, la prohibición de expulsiones colectivas y el principio de no devolución".

Estas prácticas vulneran la Constitución, la normativa de la UE y el derecho internacional

"No resulta posible, como parece pretender el Ministerio del Interior, utilizar atajos en abierta contradicción con la normativa nacional, europea e internacional, con el pretexto de mayor eficacia y eficiencia en una política migratoria focalizada principalmente en el control de los flujos humanos (...) Ello constituye un atentado a los valores superiores de la Constitución y a los más elementales principios éticos en que se asienta nuestra cultura", dicen los juristas.


viernes, 20 de junio de 2014

Las Fuerzas Auxiliares marroquíes entran a Melilla y agreden salvajemente a inmigrantes, les roban sus pertenencias, los torturan y finalmente los sacan a Marruecos. Todo ante la atenta mirada de la GC

El vídeo recoge imágenes captadas en la frontera de Melilla en el intento de pasar la valla fronteriza el 18-06 de 2014.
Hubieron varias decenas de heridos y tenemos indicios creíbles del asesinato de 4 personas.
Las Fuerzas Auxilares criminales marroquíes entraron de nuevo en territorio español: uniformadas y con armas, golpearon con crueldad a los inmigrantes, les robaron sus pertenencias personales y se los llevaron a Marruecos donde muchos sufrieron torturas.
Todo ante la atenta mirada de la Guardia Civil de España que permaneció en todo momento inactiva ante los hechos y cómplice de los mismos.

Violencia, ilegalidad e impunidad sin límites en la frontera de Melilla. from Asociación Pro.De.In. Melilla on Vimeo.

jueves, 1 de mayo de 2014

1 de Mayo: Les rocían el rostro con gases irritantes y los deportan sumariamente.

Unos 150 inmigrantes han sido deportados de forma sumaria a Marruecos esta mañana tras un nuevo intento de entrar en Melilla. Durante la operación se han empleado gases irritantes sobre la cara de los inmigrantes.

Permanecieron unas 6 horas subidos a la valla, ya en territorio español. Muchos heridos fueron entregados a los marroquíes.
1 de Mayo del 2014. Otra deportación sumaria a Marruecos. from Asociación Pro.De.In. Melilla on Vimeo.