sábado, 28 de febrero de 2009
viernes, 27 de febrero de 2009
CONVOCATORIA PARA CONCENTRACION EL 28 DE FEBRERO EN MADRID, BARCELONA, CEUTA Y MELILLA.
28 de Febrero: jornada por los derechos de los inmigrantes recluidos en los CETI
Cuatro ciudades unidas por la misma reivindicación:
Madrid-Barcelona-Ceuta-Melilla
72 personas de nacionalidad india residentes en el CETI (Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes) de Ceuta llevan 11 meses huidos al monte Ceuta, por miedo a ser deportados. Llevaban mas de dos años en un limbo jurídico que supone el CETI. Ahora sobreviven en condiciones bien precarias. Pasan frío y hambre, pero se arriesgan porque sienten que si vuelven al CETI, les deportaran a su país.
Simultáneamente 63 personas de nacionalidad Bangladesh, residentes en el CETI de Melilla acampan cada fin de semana en el centro de la ciudad, la Plaza de España, también fuera del CETI. Pasan frió y duermen a la intemperie por el mismo sentimiento que los indios de Ceuta.
Los inmigrantes recluidos en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, llevan a veces mas de 3 años allí, pese a que la propia normativa del CETI marca una estancia máxima de 1 año (6 meses prorrogables una sola vez). No tienen trabajo, ni papeles ni forma digna de ganarse la vida. Cada día padecen la incertidumbre de una posible expulsión
Ellos están dispuestos a luchar. Han pasado anos y miles de penalidades para llegar a España y ahora que ya están en territorio español siguen igual. Estas personas luchan por sus papeles, por los mismos derechos que todos y todas, por el derecho a sobrevivir y ayudar a su familia.
Sean indios o Bangladesh o de cualquier nacionalidad, les une su precaria situación y sus reivindicaciones.
Ahora no están solos, las organizaciones de bangladeshies e indios residentes en Barcelona y Madrid, organizaciones de inmigrantes de diferentes nacionalidades y otras asociaciones van a ponerse en lucha este 28 de Febrero. Van a concentrarse en Madrid (Puerta del Sol) y en Barcelona (Plaza Universidad) al mismo tiempo que los indios acampan en Ceuta y los bangladeshies en Melilla.
Llamamos a todos y todas a mostrar su solidaridad a reclamar para todos los inmigrantes residentes en el CETI, papeles y el traslado a la península
Sábado 28 de Febrero 2009
Madrid
11,30 Rueda de prensa en la Parroquia de San Carlos Borromeo, c/Peironcely, 2 (Entrevias)
18:00 h. Concentración Puerta del Sol
Barcelona
17:00 h. Concentración Plaza Universidad
(rueda de prensa 17:30 h. en el mismo lugar)
Melilla,
22:00 h. Acampada nocturna Plaza de España
Ceuta
Todo el día Acampada en el monte
Associacio Papers i Drets per a Tothom
Associacion Centro Cultural de Bangladesh en Santa Coloma
Ferrocarril Clandestino
Asociación Valiente Bangla
Asociación Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN)
APDH Melilla
Para cualquier consulta sobre este comunicado,
dirigirse para Madrid al 660869634 (Agatha) o 637764261 (Alberto),
y para Barcelona al 660620669 (Enrique) 676718740 (Alexandra)
Galería de Fotos:
martes, 24 de febrero de 2009
SIGUEN LAS CONCENTRACIONES DE LOS CIUDADANOS DE BANGLADESH EN LA PLAZA DE ESPAÑA DE MELILLA TRAS TRES AÑOS DE ENCIERRO EN EL CETI
domingo, 22 de febrero de 2009
EL LUCRATIVO NEGOCIO DE LOS CENTROS DE MENORES
Diagonal: Pablo Elorduy, Redacción.
Desde la aprobación de la ley del menor en el año 2000, diversas empresas y entidades han copado las adjudicaciones de centros de tutela, tratamiento y reforma de menores, al tiempo que la Administración se ha desentendido de su supervisión.
En abril de 2008, el BOE hacía pública la adjudicación del contrato de seguridad de dos centros de acogida (destinados principalmente a menores extranjeros no acompañados) a la empresa Levantina de Seguridad. Esto supone que más de 300.000 euros irán a parar a la empresa de José Luis Roberto, el conocido líder del partido de ultraderecha España 2000. Es otro ejemplo de lo que denuncian las asociaciones de defensa de los derechos de los niños, a saber, que empresas privadas han encontrado en la gestión de centros de menores (sean de acogida, de protección o de reforma), “un gran pastel a repartir”.
Así se expresa José Luis Calvo, de la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni), que considera que el sistema de protección se ha convertido en una industria, que “recoge la herencia de orfanatos y hospicios de antaño, regentados por la caridad de entidades religiosas o municipales y diputaciones, donde cada cual hacía de su capa un sayo”. Se ha convertido pues, en un negocio híbrido en el que se mezclan proclamas de índole caritativa con la lógica del mercado.
Algo que no era el objetivo de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (Ley Orgánica 5/2000), según el testimonio del fiscal Félix Pantoja, uno de sus redactores: “La idea inicial no era permitir que se privatizaran los reformatorios. Incluimos una disposición para que algunas asociaciones de barrio colaboraran en medidas como los trabajos en beneficio de la comunidad o la libertad vigilada, pero no imaginamos que se iba a utilizar para delegar la ejecución de la privación de libertad”.
Como indica el informe del Defensor del Pueblo Centros de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, en el momento de elaboración del mismo “41 entidades privadas gestionaban 55 de los 58 centros [terapéuticos] existentes”. Otro dato que prueba la dinámica de privatización es que, según el mismo informe, aproximadamente el 80% de estos centros se han puesto en marcha en los últimos diez años. El grupo para Menores de la Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón (Asapa) se lamenta, en un documento reciente, de que en la atención a menores “no parece que exista una voluntad política de tener un sistema de protección y apoyo a las niñas y niños dentro de la Comunidad más allá de los mínimos legales exigidos”. Así, junto a la omisión por parte de los Gobiernos autonómicos, responsables a partir de la Ley 5/2000 de la gestión de la protección de menores, se produce una “caza” de las adjudicaciones de centros de protección y de reforma. Como señala José Luis Calvo: “Hay entidades que, en principio defienden la igualdad y han abierto centros de menores y reforma. Otras se dedican a cuidar a personas con discapacidad o a la cooperación internacional y ahora gestionan centros de menores. Las administraciones autonómicas, por haberse visto desbordadas, han aceptado cualquier solicitud sin tener en cuenta requisitos mínimos imprescindibles, ni la profesionalidad y especialización del personal. Todo ello ha derivado en una mala calidad del servicio que ha sido detectada por el Defensor del Pueblo”.
Sin ánimo de lucro
Calvo explica que estas fundaciones y ONG funcionan a modo de subcontratas, y denuncia la complicidad de las administraciones: “Por poner un ejemplo, la Junta de Andalucía informó al Defensor del Pueblo de la existencia de un servicio de inspección a cada centro una vez al año, pero se calla, claro, que dicha inspección suele advertirse con 15 días de antelación con el propósito de facilitar a la respectiva ONG o fundación que todo esté en orden. Y en esas inspecciones no se requiere diálogo o conversación alguna con los niños y niñas, es decir, no se les pregunta”.
Para Asapa, la lógica empresarial en este campo es equiparable a la privatización de la educación o de la sanidad. A la falta de control por parte de los gobiernos autonómicos se unen conceptos del mundo de la empresa “como el de mercancía, contrata, cliente, productividad, rentabilidad, etc.”. Según Calvo, estas asociaciones funcionan por medio de órganos de gobierno desproporcionados “con numerosos cargos directivos (presidente, vicepresidente, directores generales,...). Y de ahí salen los sueldos de sus directivos, sus coches oficiales, sus comidas, sus encuentros, etc.”.
Según el informe del Defensor del Pueblo, como media, las administraciones abonan 3.810,30 euros al mes por la atención a los menores. Uniendo a este montante las aportaciones de distintas empresas a través de sus “obras sociales”, que funcionan como patrocinadoras, y las donaciones de suelo público por parte de las comunidades, estas organizaciones acumulan pronto un importante patrimonio. Calvo señala que, además, algunas de ellas –es el caso de Grupo Norte– pertenecen a grupos empresariales que cuentan con servicios de seguridad o catering “que lógicamente se llevan la adjudicación de dichos servicios”.
Negro futuro
La mayoría de los cuidadores, denuncia Prodeni, son elegidos por su fortaleza física o “por su mal carácter”, para contener a los adolescentes.
El informe del Defensor del Pueblo también ha puesto el acento sobre las malas condiciones laborales al asegurar que una de las características del personal educativo es su alto índice de rotación: “Además consideran que sus sueldos no se corresponden en absoluto con el trabajo realizado, y son excesivamente bajos (800 euros de media), y por último se lamentan del hándicap que supone para ellos la práctica inexistencia de una formación continua”. Asapa denuncia la realización de turnos ilegales en los centros de Aragón de hasta 52 horas seguidas.
Los menores, por su parte, quedan prácticamente abocados a una espiral que transita por el fracaso escolar y que, como señala el informe de la asociación aragonesa, refuerza “las vías de paso” del centro de protección al reformatorio y de ahí a la prisión. A este respecto, su informe subraya la semejanza (“es, literalmente, una réplica a escala”) entre el centro de reforma de Juslibol y la cárcel de Zuera.
En las circunstancias actuales, concluye el portavoz de Prodeni, el “sistema de protección es un factor importante de riesgo para buena parte de sus niños tutelados. Es un riesgo en sí mismo”.
sábado, 21 de febrero de 2009
COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LA DELEGACIÓN EN MARRUECOS DE LA COMISIÓN EUROPEA
Pongo en su conocimiento la detención y desaparición del ciudadanomarroquí D. Chakib Al Khayari. Este ciudadano es activista de laAsociación de Derechos Humanos del Rif, y se ha destacado por la denunciade la permisividad en funcionarios y autoridades del Estado marroquí deltráfico, fundamentalmente hacia Europa, del cannabis que se cultiva enMarruecos. Según todas las impresiones recogidas, éste y no otro es elmotivo de su detención y desaparición. Es por ello que nos dirigimos a laComisión Europea para que se interese por la situación de este ciudadano,que tanto ha luchado por el bienestar de su pueblo y de los pueblos deEuropa. Pueden seguir las noticias de esta detención y desaparición através de la webhttp://www.freechakib.com
Cordialmente,José ALONSO SÁNCHEZ
Secretario ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE MELILLA
viernes, 20 de febrero de 2009
SECUESTRO POLICIAL DE REPRESENTANTE DE DERECHOS HUMANOS EN NADOR (Marruecos).
Aquesta matinada del 18 de febrer 2009, va ser detingut el president de l'associació Rif de drets humans, Chakib ALKHAYARI, i portat a un lloc desconeigut, Al Kahayari va ser detingut de casa seva al centre de Nador nord del Marroc, els agents l'hi conduir per força com van portar el seu ordinador personal i alguns objectes personals.
L'associació Rif de drets humans condemna la detenció del seu president el militant Chakib ALKHAYARI, exigeix als actors corresponents de fer saber el lloc de la seva detenció i posarñhi en llibertat immediatament, com fa un crida a les organitzacions de drets humans locals i internacionals la seva immediata intervenció per fer fi a la serie de vulneracions dels drets dels militants de drets humans al nostre pais, i d'altres ciutadans inoscents, que estan sotmèts sovint a detencions arbitràries, vulnerant així la constitució i les lleis marroquins i universals.
La junta executiva de l'As. Rif de drets humansVicepresident: Mohamed ELHAMMOUCHI
تم فجر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2009 ، اعتقال رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان شكيب الخياري ، وتم اقتياده إلى مكان مجهول ، وقد اعتقل الخياري من بيت أسرته الكائن بوسط مدينة الناظور / شمال المغرب ، وقامت عناصر الشرطة باقتياده بالقوة ، واحتجاز جهاز الحاسوب الخاص به وبعض أغراضه الشخصية .
وجمعية الريف لحقوق الإنسان إذ تدين اعتقال رئيسها المناضل شكيب الخياري ، تطالب الجهات المعنية بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه كما تطالب جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والهيئات المعنية بالتدخل الفوري لوقف مسلسل الانتهاكات المتزايدة بحق نشطاء حقوق الإنسان ببلادنا وبالعديد من المواطنين الأبرياء الذين يتم اعتقالهم بطرق تعسفية تتنافى مع الدستور والقانون المغربي وكل المواثيق الدولية.
عن المكتب التنفيذي لجمعية الريف لحقوق الإنسان
نائب الرئيس محمد الحموشيCon un gobierno como el marroquí es fácil entender que todos sus ciudadanos sueñen con marcharse. Aunque se tengan que jugar la vida en ello.
¡¡¡LIBERTAD PARA CHAQUIB!!!
martes, 17 de febrero de 2009
NOTA DE PRENSA DE PAPELES Y DERECHOS PARA TODOS
MELILLA, lunes 16 de FEBRERO 2009
DENEGACIÓN DE TRÁMITES A LA COMUNIDAD BANGALÍ
Siete inmigrantes de origen bengalí han pedido hoy lunes 16 de febrero permisos de residencia en España por razones excepcionales y humanitarias a la oficina de Extranjería del Gobierno Español en Melilla. Los sietes inmigrantes residen en el CETI Melilla y sus demandas no han sido admitidas para trámite por obstáculos administrativos, a pesar de que su país de origen, Bangladesh, ha sido en años recientes víctima de numerosas catástrofes naturales como el huracán Sidor, repetidas inundaciones y terremotos; todo ello en un país ya asolado por el hambre y una pobreza extrema.
La situación social, política y económica de Bangladesh es crítica, se vulneran los derechos humanos y la violencia es cotidiana. Así lo afirma la resolución de Abril del 2005 del Parlamento Europeo sobre Bangladesh a la que se suma la existencia de más de 3 millones de refugiados bangladeshíes en la actualidad.
La comunidad bengalí en el CETI de Melilla es en estos momentos la que más tiempo lleva en el centro. Son un total de 64 personas, que llevan entre un año y medio y tres años y medio en el CETI. Están sin trabajo, sin saber qué futuro les espera y con la incertidumbre de que cada mañana les vayan a deportar. La propia normativa del CETI marca una estancia máxima en el mismo de 6 meses prorrogable una sola vez, siendo la estancia máxima de un año; estancia que ha sido superada por estas personas por lo que constituye una irresponsabilidad mantenerles sin documentación. Por otra parte las condiciones de vida en el CETI y sobre todo la incertidumbre sobre su futuro, tienen repercusiones sobre su salud tanto física como psicológica.
Repetidas veces, distintas instancias jurídicas, el Defensor del Pueblo, grupos parlamentarios y partidos políticos han manifestado la necesidad de dotar a las personas que se encuentran en esta situación de algún tipo de documentación y permiso de residencia y/o trabajo que les permita salir de la situación de limbo jurídico en la que se encuentran. Eso es lo que han intentado los siete bengalíes esta mañana, tramitando la cédula de inscripción y la solicitud de residencia por circunstancias excepcionales.
domingo, 15 de febrero de 2009
SE HA CELEBRADO LA ASAMBLEA PREVISTA EN LA PLAZA DE ESPAÑA CON LOS CIUDADANOS RETENIDOS EN EL CETI DE BANGLADESH
Se ha celebrado la asamblea que estaba prevista en la Plaza de España con los residentes del CETI de Bangladesh. A la misma han asistido la totalidad de los inmigrantes de esta nacionalidad.
sábado, 14 de febrero de 2009
CONCENTRACION A LAS 17:00 DEL 14-02 en la Plaza de España

Hoy a las 17:00 tendrá lugar una concentración en la Plaza de España de Melilla de los residentes del CETI de Bangladesh con representantes de organizaciones como: PAPELES Y DERECHOS PARA TODOS, PRODEIN y APDHML. El objetivo es informar a los residentes de Bangladesh de los distintos cauces que tienen para solicitar su regularización en España y solicitar a las Administraciones implicadas que acaben con la situación de retención en la que se encuentran desde hace más de tres años, en muchos de los casos. Se espera la adhesión de cuantas organizaciones y personas se solidaricen con esta justa causa. PAPELES Y DERECHOS PARA TODOS, PRODEIN, APDHML.
jueves, 12 de febrero de 2009
domingo, 8 de febrero de 2009
Cuando la Administración genera marginalidad entre los menores
Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, delcolectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia. La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos ytutelarlos. Actualmente, son lascomunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente. Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe. Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”. En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular. El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón. En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, apunta Luis Manuel Rodríguez, del Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía. Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”. En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de laCoordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coincide Rodríguez, desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.
INFANCIA // NUMEROSAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS RECURREN A SUBTERFUGIOS PARA NO REGULARIZAR

lunes, 2 de febrero de 2009
domingo, 1 de febrero de 2009
IMPORTANTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
LOS MENORES INMIGRANTES PODRÁN DEFENDERSE JUDICIALMENTE CONTRA LA DECISIÓN DE SUS TUTORES
Sentencia del TC.
Los menores inmigrantes podrán defenderse judicialmente contra la decisión de sus tutores
El Tribunal Constitucional ha reconocido en una sentencia el derecho de los menores extranjeros tutelados a recurrir a la Justicia para defenderse de las decisiónes de sus tutores.ILHAM Y SU HIJA SON EXPULSADAS DEL ALBERGUE DE BIENESTAR SOCIAL.
Finalmente el día 30 expulsaron a Ilham y su hija de cuatro años del albergue San Vicente de Paul por orden de la Consejería de Bienestar Social.
