miércoles, 17 de septiembre de 2008

EXPULSION DE MENORES EN MELILLA

En la última semana diez menores han conseguido
su objetivo de escapar del maltrato que sufren


Menores durante su traslado a la Policía Local
 para ser reingresados en La Purísima

Durante el fin de semana  al menos cuatro menores tutelados por la Consejería de Bienestar Social de Melilla han sido deportados ilegalmente a Marruecos tras ser detenidos en el puerto de Melilla al intentar escapar de la tutela y maltrato de la Consejería.

Uno de los menores volvió a Melilla a la mañana siguiente y se marchó ayer como polizón en uno de los Ferrys.

Hasta el viernes de la semana pasada las fuerzas de seguridad cuando detectaban a menores  que querían subir al barco los trasladaban a la Policía Local y la Policía Local los reingresaba en La Purísima. Esta es la primera vez que conocemos que los menores tras ser detenidos son trasladados directamente a la frontera y aceptados por los marroquíes. No obstante no sabemos aún si la entrega de los menores a las autoridades marroquíes se hizo -oficialmente- o -mediante soborno- tal y como ha sucedido tradicionalmente.
Fuera como fuese, esta operación supone una gravísima violación de Derechos y un gravísimo antecedente en la interpretación de los, ya de por sí lamentables, tratados sobre repatriación de menores que tienen firmados España y Marruecos.

Los cuatro menores han afirmado que pertenecían a un grupo más numeroso y que los compañeros lograron escapar. También afirman que algunos de ellos pudieron ser detenidos con posterioridad y ser también expulsados.

Desde Marruecos nos llegan informaciones de que finalmente fueron ocho los menores expulsados de Melilla.

La Delegación del Gobierno Socialista en Melilla debería ser más escrupulosa en la salvaguarda de los Derechos de los menores de edad que permanecen en la ciudad y son víctimas del maltrato de todo tipo que practica la Consejería de Bienestar Social, evidentemente por motivos racistas.

La Delegación del Gobierno debería de controlar las acciones de las Fuerzas de Seguridad bajo sus órdenes y evitar estas gravísimas violaciones de Derechos, especialmente cuando los afectados son menores de edad.

La Delegación del Gobierno debería de transmitir al Gobierno la necesidad de condicionar las cantidades de dinero público que recibe la Consejería de Bienestar Social al cumplimiento de los compromisos que asume de atender a los menores, y al número de menores que acoge en cada momento.

La situación en Melilla de los menores bajo la tutela de la Consejería de Bienestar Social está evolucionando peligrosamente desde hace meses y el desprecio por la Ley no pueden extenderse a otros ámbitos de la Administración sin que haya aún peores consecuencias de las habidas hasta ahora.