Es una guerra que ya se tuvo antes, una mala práctica erradicada, un tema que quedó solucionado. La extinción del permiso de residencia a los menores de edad al cumplir la mayoría de edad "por cesar las causas por las que se les concedió", es decir: la minoría de edad, es una práctica contraria al ordenamiento jurídico".
La Delegación del Gobierno en Melilla terminó reconociendo que esto era así y se sometió hace no muchos años a la recomendación hecha por el Defensor del Pueblo Español.
Desde hace algún tiempo, con los cambios políticos y de asesores en la Delegación del Gobierno de Melilla han vuelto las políticas más rancias y anacrónicas en temas de extranjería. No han cambiado las Leyes, lo que era contrario al ordenamiento jurídico antes debe seguir siéndolo ahora y sin embargo se vuelven a aplicar instrucciones contrarias a la Ley e inspiradas por el sector más anacrónico, almidonado y con olor a naftalina de la clase política de esta ciudad.
Caso a caso se está llevando el tema a los tribunales con la esperanza bien fundada de poder demostrar que la prevaricación y la corrupción en nuestra ciudad "no se da solo en lo económico" También en la salvaguarda de los DDHH.
Igualmente, desde el pasado curso escolar, la inmensa mayoría de los menores tuteados por la Ciudad Autónoma de Melilla fueron apartados de los colegios públicos y se crearon unas aulas para ellos dentro del centro de menores Purísima.
Almidón y naftalina para esta ciudad que cada día vive más apartada de la realidad.
Comunicación del Defensor del Pueblo Español que
Lleva el caso al Fiscal General del Estado
Al no aceptar normalizar los procesos de
documentación.
Las consecuencias de estas políticas son dramáticas y decenas de niños escapan del sistema de protección de menores quedando abandonados en la calle.
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