El Defensor del Pueblo Español está instando la Delegación del Gobierno en Melilla a plegarse al ordenamiento jurídico vigente en materia de menores y documentación.
Lo que procedería si tuviéramos un gobierno decente sería el cese inmediato del Delegado Berkani por prevaricación y por tenerle declarada la guerra a los más débiles: Inmigrantes, menores y estudiantes.