Durante muchos años la Delegación del Gobierno en Melilla ha venido vulnerando de forma sistemática el derecho de los menores a disponer de una autorización de residencia que reflejara el tiempo que el menor llevara a disposición de los servicios de protección de menores. La arbitrariedad en la concesión de dichas autorizaciones de residencia y su duración ha sido una de las armas que se han utilizado, entre otras, para espantar a este colectivo y frenar lo que vienen a llamar "efecto llamada".
Durante años, los menores tutelados por la Ciudad Autónoma han sido víctimas de esta vulneración de derechos, con consecuencias enormemente trágicas para ellos.
Las autorizaciones de residencia venían siendo dadas de baja sistemáticamente al cumplir la mayoría de edad, independientemente de su fecha de caducidad, dejando a su titular en la más absoluta irregularidad, indefensión y abandono. Por otro lado fueran cuales fueran sus circunstancias los menores que lograban renovar sus permisos de residencia recibían una autorización inicial, cuando les correspondía con frecuencia una permanente.
Tras años de lucha y denuncia de asociaciones, de los propios menores, y la importante y constante intervención del Defensor del Pueblo Español, La Delegación del Gobierno en Melilla ha aceptado finalmente la recomendación del Defensor del Pueblo y ha impartido instrucciones
para que en las autorizaciones de residencia se efectúe la retroacción establecida en la vigente Ley de Extranjería.
DOCUMENTAL:
20 de Noviembre, otro año sin derechos.
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