11/12/2008
Save the Children denuncia la ilegalidad de la actuación de la Guardia Civil de Ceuta tras la expulsión inmediata el pasado 23 de septiembre de un niño de 7 años y de su acompañante después de ser rescatados en mitad del mar cuando pretendían alcanzar la costa de Ceuta. El menor tuvo que ser atendido en un hospital de Tetuán.
Después de ser devueltos a Marruecos, el niño y su acompañante fueron llevados a la frontera con Argelia y finalmente deportados a este país, como punto final a todo un proceso ejecutado “sin la tramitación de procedimiento alguno”, según afirma el Defensor del Pueblo en respuesta a una queja presentada sobre este caso. A día de hoy se desconoce el paradero del niño.
Esta institución rechaza la argumentación ofrecida por la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta en lo que considera una “nueva interpretación de la normativa” al obviarse el principio de no devolución argumentando que “el rescate se produjo fuera de nuestras aguas territoriales”. Según las informaciones recibidas, el adulto solicitó asilo desde el mismo momento en que fueron rescatados sin que su petición fuera atendida. Frente a esto, el Defensor apunta en su escrito que, “al poder tratarse de personas solicitantes de asilo, en ningún caso, podrá producirse su desembarco en territorios donde su vida corra peligro o su libertad se vea amenazada”, por lo que las autoridades han vulnerando así la Convención de Ginebra de 1951 que en su artículo 33 obliga a España “a aplicar extraterritorialmente el principio de no devolución”.
Frente a tal actuación por parte de la Guardia Civil, Save the Children denuncia no sólo el hecho de que se negara el acceso a personas que pudiesen ser demandantes de asilo, especialmente un niño en clara necesidad de protección internacional, ni que el niño no recibiera la atención necesaria, sino también la falta de diligencia de las autoridades para perseguir un delito del que el menor pudiera ser víctima.
“No se hizo ninguna averiguación de la relación entre el adulto y el niño, dando por hecho que era su padre (hecho no constatado), llegando a afirmarse que no parece de recibo que un adulto ponga en grave riesgo la vida de su hijo…y pretenda derivar su responsabilidad hacia las Fuerzas de Seguridad, incumpliendo así su deber de proteger al menor ante una posible red de tráfico o trata”, señala Almudena Escorial, Responsable del área de Menores no acompañados de Save the Children.
Ante la gravedad de los hechos, el Defensor del Pueblo ha trasladado el caso a Fiscalía y otros órganos de la Administración para que se lleve a cabo la correspondiente investigación.
Después de ser devueltos a Marruecos, el niño y su acompañante fueron llevados a la frontera con Argelia y finalmente deportados a este país, como punto final a todo un proceso ejecutado “sin la tramitación de procedimiento alguno”, según afirma el Defensor del Pueblo en respuesta a una queja presentada sobre este caso. A día de hoy se desconoce el paradero del niño.
Esta institución rechaza la argumentación ofrecida por la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta en lo que considera una “nueva interpretación de la normativa” al obviarse el principio de no devolución argumentando que “el rescate se produjo fuera de nuestras aguas territoriales”. Según las informaciones recibidas, el adulto solicitó asilo desde el mismo momento en que fueron rescatados sin que su petición fuera atendida. Frente a esto, el Defensor apunta en su escrito que, “al poder tratarse de personas solicitantes de asilo, en ningún caso, podrá producirse su desembarco en territorios donde su vida corra peligro o su libertad se vea amenazada”, por lo que las autoridades han vulnerando así la Convención de Ginebra de 1951 que en su artículo 33 obliga a España “a aplicar extraterritorialmente el principio de no devolución”.
Frente a tal actuación por parte de la Guardia Civil, Save the Children denuncia no sólo el hecho de que se negara el acceso a personas que pudiesen ser demandantes de asilo, especialmente un niño en clara necesidad de protección internacional, ni que el niño no recibiera la atención necesaria, sino también la falta de diligencia de las autoridades para perseguir un delito del que el menor pudiera ser víctima.
“No se hizo ninguna averiguación de la relación entre el adulto y el niño, dando por hecho que era su padre (hecho no constatado), llegando a afirmarse que no parece de recibo que un adulto ponga en grave riesgo la vida de su hijo…y pretenda derivar su responsabilidad hacia las Fuerzas de Seguridad, incumpliendo así su deber de proteger al menor ante una posible red de tráfico o trata”, señala Almudena Escorial, Responsable del área de Menores no acompañados de Save the Children.
Ante la gravedad de los hechos, el Defensor del Pueblo ha trasladado el caso a Fiscalía y otros órganos de la Administración para que se lleve a cabo la correspondiente investigación.
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