"Según las informaciones con que cuenta el comité, el proceso de decisiones relativo a la detención y expulsión de inmigrantes, que llegan en particular a Canarias, es generalmente arbitrario, ya que no se respeta el procedimiento previsto en la ley de deportación", señala el informe de la ONU, en el que el organismo internacional pide informaciones suplementarias a España, después de que el Gobierno entregara el pasado diciembre un pormenorizado estudio sobre los derechos humanos en el país.
En ese informe, que ahora deberá ser ampliado, el Ejecutivo negaba de manera tajante cualquier tipo de irregularidad en las expulsiones de clandestinos. El Ministerio del Interior reiteró ayer que en todas las deportaciones se respetan de manera "escrupulosa" los acuerdos internacionales y la legalidad vigente. El comité, ajeno a las explicaciones de España, recrimina a las autoridades el trato a los demandantes de protección internacional.
La ONU afirma que "en los casos de peticiones de asilo la supervisión judicial se efectúa de forma mecánica, limitándose a un mero trámite que despoja de toda garantía al derecho de asilo".
Menores
También muestra su preocupación por la atención que se dispensa a los menores extracomunitarios que llegan al Archipiélago. Insiste en que tienen en su poder informaciones de que adolescentes y niños de origen marroquí internados en los centros de Gran Canaria y Tenerife "fueron presuntamente repatriados, en algunos casos, sin que se hubiese verificado previamente que efectivamente regresaban a sus respectivas familias o a las instituciones apropiadas en sus países de origen", indica la organización.
La ONU lamenta que las autoridades españolas tampoco comprobaran que esos menores no iban a ser "sometidos a malos tratos por parte de otros niños, personas mayores, miembros del personal de los centros de acogida o de las fuerzas policiales".
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